Políticas inclusivas
La dimensión de políticas inclusivas no debe limitarse a normativas escritas o lineamientos generales. Más bien, propone que la inclusión se convierta en el centro del desarrollo escolar: una fuerza que atraviese toda la gestión institucional, desde el diseño del currículo hasta la asignación de recursos, desde la convivencia hasta la evaluación. Es decir, la inclusión no es una estrategia adicional, un programa o un proyecto, sino el principio que guía todas las decisiones de una institución educativa.
Ainscow (2022) invita a cambiar el enfoque: el centro no son los intereses de la escuela ni sus estructuras burocráticas, sino las trayectorias vitales y educativas de los estudiantes. Las políticas inclusivas deben nacer desde la mirada de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, considerando sus contextos, capacidades, deseos y condiciones, y no desde los formatos estandarizados de la administración.
“Esta dimensión tiene que ver con asegurar que la inclusión sea el centro del desarrollo de la escuela, permeando todas las políticas, para que mejore el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Se considera como “apoyo” todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
Todas las modalidades de apoyo se agrupan dentro de un único marco y se conciben desde la perspectiva de los alumnos y su desarrollo y no desde la perspectiva de la escuela o de las estructuras administrativas”. (Mel Ainscow, 2002)
El fortalecimiento de comunidades educativas inclusivas inicia con un elemento clave: que toda la comunidad institucional conozca, comprenda y se apropie de los lineamientos de la política de educación inclusiva. En este proceso, el liderazgo rectoral es determinante para orientar a los diferentes actores hacia una comprensión compartida que permita integrar la inclusión en la planeación, la práctica pedagógica y la convivencia escolar. Para ello, es importante que la institución implemente estrategias de socialización continuas que involucren a todos los miembros de la comunidad educativa: directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y familias. Estas acciones permiten consolidar un marco común de referencia que oriente la toma de decisiones institucionales.